El Ayuntamiento de Estepona ha desistido de ejercer la acción penal en el caso ‘Astapa’, sobre la supuesta corrupción política y urbanística en dicha localidad malagueña, aunque se reserva el derecho a ejercerla en el ámbito civil.
Así se desprende del escrito remitido a la Sección Tercera de la Audiencia de Málaga, que juzga este caso, por parte de la representación legal del Consistorio, una vez que ha terminado la fase de prueba y la vista oral entra ahora en el trámite de conclusiones e informes finales.
En dicho documento, consultado por Europa Press, se pone en conocimiento de la Sala que «a la vista del desarrollo del juicio oral, la posición del Ayuntamiento de Estepona respecto de este procedimiento es desistir del ejercicio de la acción penal en calidad de acusación particular, quedando dicha acción, en manos del ministerio fiscal».
No obstante, se señala en el escrito que «todo ello, con expresa reserva de las acciones civiles que se pudieran derivar de la comisión delictiva en este procedimiento».
Desde el Ayuntamiento han indicado a Europa Press que tras la celebración del juicio, se ha considerado que «hay que quedar a la espera de que el fiscal presente su escrito de acusación». No obstante, han precisado que eso «no va en menoscabo de que el Ayuntamiento emprenda las acciones civiles que considere oportunas una vez que la sentencia, en su caso, sea condenatoria».
Este caso se inició en 2007 y 16 años después comenzó el juicio con casi 50 acusados, entre ellos el exalcalde socialista Antonio Barrientos, exresponsables municipales entonces del PSOE y del Partido de Estepona (PES); así como empresarios y funcionarios. Se investigan delitos de cohecho, blanqueo de capitales, malversación, fraude y prevaricación.
La Sección Tercera de la Audiencia de Málaga comenzará este mes de junio la fase de conclusiones definitivas y exposición de informes finales de acusaciones y defensas en este juicio que comenzó el 9 de enero de 2023 con el trámite de cuestiones previas y que se ha dividido en diez bloques por temas.
Ahora, tras finalizar la práctica de prueba la pasada semana, la previsión, según han señalado fuentes judiciales a Europa Press, es que el fiscal deberá presentar en estas primeras semanas de junio el escrito de acusación con las modificaciones a sus conclusiones iniciales, en el caso de que así lo considere.
El 18 de junio se reanuda la vista con el informe oral del ministerio fiscal, que inicialmente dispondría de varios días para esta exposición, tras lo que será el turno de los informes de las defensas. Esto se prolongará a lo largo de julio y la previsión es que el juicio quede visto para sentencia a finales de dicho mes.
La Fiscalía Anticorrupción pide inicialmente para el exalcalde una pena de diez años y nueve meses de prisión, inhabilitación para empleo público por un periodo de 38 años y multa, por los supuestos delitos de falsedad, fraude, malversación, cohecho, prevaricación y tráfico de influencias; aunque habrá que ver si mantiene todas estas acusaciones en sus conclusiones definitivas.
Además, están acusados otros cinco exresponsables municipales entonces miembros del PSOE y del Partido de Estepona; así como empresarios y funcionarios. También figuran empresas como responsables civiles subsidiarias y otras personas como supuestas responsables civiles a título lucrativo.
La Fiscalía Anticorrupción acusa por supuestamente tener «una ‘Caja B’ con aportaciones de promotores con intereses inmobiliarios», a través de donaciones o patrocinios de actividades; y por supuestas irregularidades en los convenios urbanísticos para «beneficiar a ciertos empresarios». Estima inicialmente en 28 millones de euros el perjuicio causado al Ayuntamiento a raíz del caso.
La práctica de pruebas en el juicio comenzó en marzo de 2023 y, además de los acusados, han declarado numerosos peritos y testigos, como los denunciantes, dos exediles de Estepona, y el comisario jubilado José Manuel Villarejo. Precisamente, este jueves se han reproducido audios de este en el último día de prueba, han precisado fuentes del caso.
Las defensas han pedido la absolución de sus clientes y han insistido lo largo del procedimiento en las supuestas irregularidades existentes en la causa y en el papel, en su opinión, protagonista de Villarejo en el origen de esta investigación, poniendo el acento en la «manipulación» en la causa por parte del excomisario, que ven como la persona que «de forma maliciosa creó este procedimiento ficticio».
