Agentes de la Policía Nacional han desarticulado el entramado societario de una organización criminal que blanqueaba, preseuntamente, el dinero obtenido de la explotación laboral de extranjeros. Se trata de la segunda fase de una operación –en la que ya fueron detenidas 18 personas el pasado mes de julio- contra la trata de seres humanos con fines de explotación laboral de ciudadanos de origen africano en situación irregular en el sector de la construcción. Como consecuencia de la investigación patrimonial, donde las operaciones bancarias analizadas suman más de 4.000.000 de euros, los agentes han detenido a otras cinco personas en la ciudad de Málaga, han imputado a cinco personas jurídicas y han bloqueado 18 cuentas bancarias con un saldo de casi 92.000 euros.
Primera fase: 18 detenidos
La primera fase de esta operación se desarrolló en Málaga, donde los agentes detectaron una red que, bajo la apariencia de una estructura empresarial, utilizaba la imagen de asociación de ayuda al inmigrante captando así a sus víctimas para su explotación en el sector de la construcción. Las víctimas tenían que comer y dormir en el interior de vehículos y, además, realizaban servicios de peón o de seguridad de obras en jornadas que continuaban más allá de 24 horas. El operativo policial, que se realizó en julio del pasado año, culminó con 18 detenidos (17 en la ciudad de Málaga y uno en Madrid), y cuatro registros en Málaga donde se intervinieron 30.000 euros en efectivo, un vehículo de alta gama, varios teléfonos móviles y documentación relacionada con la investigación.
Segunda fase: investigación patrimonial
La investigación económica, que se inició en octubre de 2022, se ha centrado en la estructura societaria de la organización criminal desarticulada. Los agentes detectaron que estaba compuesta por siete personas jurídicas -algunas de ellas a nombre de testaferros- que estarían actuando ilícitamente, por un lado, explotando laboralmente a extranjeros irregulares mediante subcontratas realizadas a las sociedades mercantiles controladas por los miembros del entramado. De esta forma hacían pasar a los inmigrantes -en su mayoría subsaharianos, sin permiso de trabajo y en situación de vulnerabilidad- por terceras personas dadas de alta en la Seguridad Social. A su vez, ejercían un control exhaustivo de las horas que trabajaban y les pagaban en metálico in situ cantidades de dinero ínfimas, muy por debajo de los salarios mínimos estipulados, generando así una gran riqueza proveniente de la explotación laboral.
Estructura económica de la organización regida por el principio de “caja única”
Por otra parte, las pesquisas han acreditado que la organización ha generado ingentes beneficios, analizado los agentes operaciones bancarias que suman 4.185.397,80 de euros. Se han detectado actividades inusuales para una sociedad mercantil, lo cual se refleja en el manejo de dinero (por su elevada cantidad, dinámica de las transmisiones, y el hecho de tratarse de dinero en metálico).
Todo ello permitió concluir que la estructura económica de la organización funcionaba regida por el criterio o principio de “caja única”. Esto supone que los ingresos y gastos de un entramado societario se centralicen en una tesorería única con todos los recursos financieros a su cargo, sin que cada sociedad o asociación pueda disponer del mismo con autonomía, coexistiendo en este caso los ingresos lícitos con los ilícitos.
Por último, en esta segunda fase de la investigación, los agentes han evidenciado que parte de los ingresos obtenidos con la actividad ilícita se destinaron a la adquisición de bienes muebles (vehículos) a nombre de las dos asociaciones creadas al efecto, sin ingresos recurrentes ni actividad económica alguna. Mientras tanto, otra parte de las ganancias se utilizaban para hacer frente a los pagos en efectivo de los inmigrantes explotados.
