La Audiencia de Málaga ha condenado a un exedil del PP en la localidad malagueña de Mijas, Juan Carlos G.M., por un delito de denuncia falsa en la que se acusaba a responsables del Ayuntamiento y miembros del partido Ciudadanos (CS) en relación con la financiación de un viaje, con el fin de «perjudicar» a dicha formación de cara a las siguientes elecciones.
Así, se le condena a ocho meses de prisión y multa de 12 meses, con una cuota diaria de seis euros, así como inhabilitación especial para el ejercicio de la función pública durante el tiempo de la condena. Sí se le absuelve del delito de falsedad ya que, según recoge la sentencia, consultada por Europa Press, quedaría incluido en el otro.
En la resolución, se considera probado que el día 12 de septiembre de 2018 fue presentada una denuncia en la Fiscalía de Málaga, dirigida a la Fiscalía Anticorrupción, «en la que bajo la falsa identidad de Manuel R.G., como denunciante, se denunciaba que en 2017 el Ayuntamiento de Mijas, cuyo alcalde era Juan Carlos Maldonado, de Ciudadanos, había organizado un viaje para los jubilados al Algarve portugués que fue adjudicado a una agencia de viajes de forma arbitraria».
Por estos hechos, en esa denuncia se achacaba un presunto delito de prevaricación administrativa y otros tanto a Maldonado, en su condición de alcalde; como a José Carlos Martín, como concejal responsable de Contratación; y Tamara Vera, edil delegada de Mayores.
«Con la única intención de perjudicar políticamente al partido Ciudadanos, de cara a las siguientes elecciones municipales, se calificaba de prevaricación administrativa, ante la Fiscalía Anticorrupción de Málaga, el hecho de que al tiempo de desarrollarse el viaje al Algarve, no se había firmado el contrato con la agencia de viajes», señala la resolución.
En este contexto, el acusado, Juan Carlos G.M., entonces concejal del Ayuntamiento de Mijas por el PP, y funcionario de correos, «tenía conocimiento de que en el pleno celebrado en verano de 2018, en el que participó, se había reparado la falta de cobertura contractual de dicho viaje, abonándose el viaje por el procedimiento del reconocimiento extrajudicial, lo cual está previsto legalmente y se aprobó por unanimidad».
Además, dice la sentencia, «sabía que por ello no se causó perjuicio alguno a las arcas públicas del referido Ayuntamiento, toda vez que el procedimiento de licitación pública se ajustó a la legalidad, careciendo de relevancia penal y administrativa, a dichos efectos el informe negativo del Técnico de Mayores».
Según el Tribunal, el acusado «había participado en el proceso de elaboración y presentación de la referida denuncia» y era conocedor por tanto del domicilio del denunciante que figuraba en la misma, por lo que se dirigió a un compañero de trabajo de Correos, que llevaba esa zona de reparto, al que pidió que si llegaba una carta a ese nombre se la entregara, «como efectivamente ocurrió con una carta remitida por el juzgado».
La Guardia Civil informó, tras intentar su citación y realizar gestiones para su localización, que la identidad de Manuel R.G. no correspondía a ninguna persona y se trataba de una identidad falsa. Según la Sala, «la denuncia en cuestión perseguía la finalidad de perjudicar políticamente al partido Ciudadanos de cara a las siguientes elecciones municipales».
Para el Tribunal, se puso en marcha «indebidamente» la maquinaria judicial «con motivos espurios», apuntando que «no queda duda alguna a la vista de las pruebas detalladas y analizadas de las que se desprende claramente que se aprovechó de su condición de cartero para embaucar a su compañero, haciéndole creer que un conocido suyo le había pedido que interceptara la carta».
Así, se señala que es relevante su condición de concejal para entender «su implicación activa en los hechos», apuntando a que en el Portal de transparencia del Ayuntamiento se publican algunos documentos pero no todos «y en la denuncia se aludía a datos solo conocidos por los miembros de la corporación y se acompañan documentos a los que solo pueden acceder ellos».
«De todo ello se deduce que con la denuncia se orquestó una maniobra dirigida a perjudicar a los políticos municipales del partido Ciudadanos en tiempo electoral y le aprovechaba al partido al que pertenecía el acusado, de cuya participación en los hechos no albergamos duda alguna, aunque sea posible como apuntó el letrado de la acusación particular en su informe que seguramente no actuó solo».
