La Fiscalía de Málaga acusa a una pareja y a su hijo como presuntos responsables del favorecimiento de la prostitución a través de dos clubes ubicados en la localidad malagueña de Marbella, en los que a las mujeres, supuestamente, se les imponían «unas condiciones de trabajo abusivas», limitando su libertad de movimiento, según informaciones de Europa Press.
Según el escrito provisional de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, los procesados supuestamente llevaban a cabo esta actividad «aprovechando la precaria situación económica que tenían las mujeres y en ocasiones la situación administrativa irregular en la que se encontraban estas».
El ministerio público relata que las mujeres tenían un horario de trabajo continuo de 12.00 a 06.00 horas, «periodo durante el cual tenían prohibido salir, estando a disposición de los clientes esperando».
Además, el reparto de beneficios era al 50% y también tenían que pagar por cada cliente cinco euros más en concepto de kit de sabanas y preservativos; unos pagos que gestionaban directamente los acusados, dice el fiscal, apuntando que en la mayoría de los casos «no cobraran lo pactado».
También se les imponían multas en caso de no cumplir algunas de las condiciones estipuladas, como era el horario establecido, el salir al exterior durante el tiempo de trabajo o marcharse del local antes de lo pactado sin preavisarles con tres días de antelación, señala el escrito de acusación.
Según el fiscal, supuestamente también se les obligaría al consumo de sustancias estupefacientes con los clientes, drogas que les facilitaban los propios acusados y que era suministrada a ellos por otro hombre, que también está procesado en esa causa y va a ser juzgado.
En estas condiciones estuvieron trabajando al menos cuatro chicas, que denunciaron los hechos tras tener problemas con los responsables de los locales, dando lugar a este procedimiento. Así, a una de ellas le explicaron las condiciones del trabajo, pero «ocultándole que incluía mantener relaciones sexuales».
A otras les dijeron que iba a cobrar cantidades importantes de dinero por ser chicas de compañía de personas con un alto nivel económico, pero luego les pagaron menos o, incluso, nada de lo que les correspondía por los días trabajados.
Por estos hechos se acusa a los tres miembros de la familia por delitos relativos a la prostitución y contra la salud pública, solicitando para cada uno la pena de once años de prisión –cuatro años de cárcel por el primero y siete años por el segundo–; mientras que al cuarto procesado se le acusa por tráfico de drogas, pidiendo cuatro años de cárcel.
