El Gobierno andaluz anunció el pasado viernes que dejará de explotar las seis residencias de tiempo libre que mantenía en la comunidad. La decisión es inapelable, según la Junta, por «no tratarse de un servicio esencial» y por el «agujero económico» que han supuesto estas instalaciones para las arcas andaluzas con pérdidas «de 123 millones de euros desde el año 2015», aseguran.
De las seis residencias, algunas serán vendidas -es el caso de la de Aguadulce (Almería) y Pradollano (Sierra Nevada)- otras, como la de Siles (Jaén) y Punta Umbría (Huelva) serán devueltas a sus ayuntamientos. En el caso de Marbella, la residencia será explotadas en régimen de concesión. Es decir, el Gobierno andaluz conservará la propiedad de los terrenos pero cederá su uso a manos privadas.
Desde la Junta lanzan un mensaje de tranquilidad a sus empleados, aseguran que serán reubicados dentro de la Administración. Sin embargo, los sindicatos han expresado su enérgico rechazo a perder estos centros que consideran «patrimonio de los andaluces». Hoy se han concentrado en Sevilla para criticar que la Junta ponga las residencias «en manos de unos pocos que van a rentabilizar unas instalaciones que deberían realizar una importante función social».
Las residencias de tiempo libre se crearon a mediados del siglo XX para facilitar el acceso al turismo a trabajadores con pocos ingresos y sus familias. La de Marbella se inauguró en 1962 y ha sido lugar de veraneo durante décadas para familias de toda Andalucía. Desde hace meses, los trabajadores venían denunciando su situación al borde del abandono. La plantilla de en torno a 150 personas espera ahora su reubicación.
