La Audiencia de Málaga tiene previsto juzgar desde mediado de este mes de noviembre a seis hombres a los que la Fiscalía acusa de supuesto tráfico ilegal de especies animales protegidas desde la provincia malagueña hacia el resto de España y a Marruecos. Hay dos veterinarios entre los procesados y en global la acusación pública solicita una pena que suma 34 años de cárcel.
Según las conclusiones iniciales del fiscal, a las que ha tenido acceso Europa Press, los acusados presuntamente se dedicaban desde 2017 «de manera coordinada, organizada y mantenida en el tiempo» al tráfico ilegal de especies protegidas, bajo la dirección de uno de los procesados, que no estaba dado de alta como criador, aunque que compraba estos animales.
Así, la acusación pública considera que este vendía los animales tanto en España, como organizando el traslado hasta Marruecos, «sin el imprescindible permiso de exportación», haciéndolo a través de la frontera de Melilla y supuestamente con la intervención de dos de los acusados, presuntos responsables de recibir los ejemplares y llevarlos «de manera clandestina» a dicho país.
Otro de los acusados supuestamente colaboraba «de manera activa y coordinada», dice el ministerio fiscal en su relato acusatorio, con el principal procesado, para lo que utilizaría su tienda de animales en Fuengirola, donde se guardaban temporalmente algunos animales y se confeccionaban los documentos necesarios «para dar aparente cobertura legal al tráfico ilegal».
Ambos habrían llegado a adquirir hasta 63 aves «sin que se conozca su paradero actual». Pero, además, el fiscal acusa a otros dos hombres, veterinarios, por la supuesta colaboración con esta actividad delictiva. Según el escrito de conclusiones provisionales, uno vendía a la tienda de animales mencionada especímenes sin documentación reglamentarios y sin facilitar datos.
El otro, desde su clínica en la misma localidad, supuestamente colaboraba confeccionando cartillas sanitarias para los animales en las que «no se identificaba al titular, con el único objetivo de servir de soporte documental y dar apariencia de legalidad a la operación», dice la acusación pública, que detalla que llegó a adquirir 210 cartillas sin que estén registradas.
«Gran parte» de los animales con los que traficaban están incluidos en las normativas de protección de especies de fauna y flora. Una de las operaciones fue frustrada por agentes especializados de la Guardia Civil, al interceptar en el puerto de Málaga el vehículo donde los dos supuestos colaboradores pretendían embarcar hacia Melilla.
En el registro del vehículo, los agentes se incautaron de varias especies de aves y reptiles sin la correspondiente documentación; y en el de la vivienda del padre del principal acusado, intervinieron tortugas, aves y gatos, así como documentos. En cuanto al registro de la tienda de animales del otro procesado, se localizaron ejemplares cuya documentación «no es suficiente para demostrar la compra legal».
A todos los procesados se les acusa por delito de organización criminal y delitos continuados relativos a la protección de la fauna por posesión y tráfico de especies, en distintas modalidades; además, a dos de ellos también por falsedad y a cuatro por contrabando. El juicio está previsto que se celebre en la Sección Octava desde el 16 de noviembre.
