La Policía Nacional ha desarticulado dos redes criminales, una asentada en Ceuta y otra en Marbella (Málaga), que supuestamente regularizaban de forma fraudulenta a ciudadanos británicos tras la salida de Reino Unido de la Unión Europea, y ha detenido a 47 personas relacionadas con delitos de pertenencia a organización criminal, favorecimiento a la inmigración ilegal y falsedad documental.
Según la Policía Nacional, los principales investigados trabajaban desde sus despachos de Marbella y Ceuta y aunque ambas organizaciones tenían el mismo modus operandi, no existía ninguna relación laboral entre ellas, tan solo, que las dos presentaban la documentación para solicitar las regularizaciones en la Oficina de Extranjería de Málaga, órgano dependiente de la Subdelegación del Gobierno de la capital malagueña.
Además, el despacho de Ceuta contaba con la colaboración de un ciudadano irlandés que hacía labores de captación e intermediación, han precisado desde la Comisaría provincial a través de un comunicado.
Todas las detenciones se han practicado en Marbella (Málaga), 42 de ellas por su presunta implicación en un delito de falsedad documental y las cinco restantes serían los responsables de ambos despachos –tres de Marbella y dos de Ceuta–. Estos últimos como presuntos responsables de los delitos de pertenencia a organización criminal, favorecimiento a la inmigración ilegal y falsedad documental.
Según han incidido, ambas redes, sin conexión entre ellas, empleaban el mismo modus operandi para regularizar de forma fraudulenta a personas de nacionalidad británica, obteniendo un beneficio aproximado por cada regularización de 1.600 euros por persona.
La investigación policial sobre estas dos redes criminales, que se encontraban asentadas en dichas ciudades comenzó en abril de 2021, a raíz de una información recibida desde la Oficina de Extranjeros de Málaga, alertaba de la vinculación existente entre varios despachos de abogados y un gran volumen de peticiones de residencia que infundieron sospechas de haber sido manipuladas.
Así, los agentes analizaron más de 200 expedientes de solicitud de residencia de ciudadanos británicos y hallaron falsedades en más de la mitad de ellos, encontrándose en su mayoría distintos documentos falsificados, principalmente contratos de arrendamiento, pólizas de seguros médicos, extractos bancarios, facturas y otros documentos que de alguna manera justificarían la residencia de los interesados en España, anterior a la fecha límite establecida para su regularización.
En total, los investigadores han acreditado el carácter fraudulento de 120 solicitudes de permisos de residencia, siendo estas denegadas o extinguidos los permisos ya concedidos por la Oficina de Extranjería en Málaga. Entre los solicitantes se han detectado que, al menos tres de ellos «eran delincuentes que pretendían ocultarse en la provincia malagueña», han asegurado.
Los investigados supuestamente pretendían obtener la residencia en España, utilizando una vía beneficiosa que recoge el Acuerdo de Retirada de la Unión Europea del Reino Unido e Irlanda del Norte (Brexit), reservada a los británicos que ya eran residentes en este país con anterioridad a la salida de Reino Unido de la Unión Europea, «requisito que pretendían simular con documentación falsa», ha señalado la Policía Nacional.
Fruto de las pesquisas se ha acreditado que supuestamente todos los investigados «buscaban regularizarse pagando por estos trámites fraudulentos, una media de 1.600 euros por persona, siempre en efectivo y en lugares ajenos a los despachos u oficinas en que los miembros de la organización realizaban sus actividades».
Los líderes de las organizaciones desarticuladas se encontraban asentados en Málaga y en Ceuta, habiéndose llevado a cabo registros domiciliarios en las localidades malagueñas de Marbella y Cártama, donde los agentes han localizado numerosa documentación relacionada con la trama.
Se han practicado 47 detenciones en Málaga, tres de ellos responsables del despacho de Marbella y dos del despacho de Ceuta, a los que se les atribuye su presunta implicación en los delitos de pertenencia a organización criminal, favorecimiento a la inmigración ilegal y falsedad documental. Los 42 restantes resultaron arrestados como presuntos autores de un delito de falsedad documental.
