El pleno de la Diputación de Málaga abordará este miércoles como asuntos urgentes de los grupos políticos la liberación de la autopista de peaje AP-7 en caso de que se produzcan accidentes (PP), la mejora de la calidad en la educación en los centros públicos (Unidas Podemos) y la conservación de la maquinaria y de los caminos rurales de la provincia (PSOE).
Además, los socialistas han solicitado la comparecencia del diputado provincial de Nuevas Tecnologías, Juan Álvarez, para que dé explicaciones a «una de las cuestiones más graves que han ocurrido en esta Diputación», ha dicho el portavoz del PSOE en la institución, José Bernal, en relación con la gran avería informática que se produjo el pasado mes de marzo.
Así, ha exigido al equipo de gobierno del PP que informe de los contratos para reparar dicha avería informática y ha aludido a que la Intervención General «ha cuestionado estos contratos adjudicados a una empresa que tiene vinculación con el PP».
Según Bernal, varios de los contratos adjudicados de manera extraordinaria y de urgencia para reparar la avería informática han tenido reparos. Uno hace referencia a que se ha adjudicado «sin solicitar las tres ofertas pertinentes que la ley de contratos obliga aunque sea un contrato de emergencia y extraordinario», mientras que otro apunta que el pliego de condiciones tiene fecha posterior al inicio de los trabajos, «pese a que el informe de Informática sostiene que la empresa adjudicataria empezó a realizar los trabajos a partir del pliego de condiciones».
Por todo ello, Bernal ha reclamado al equipo de gobierno que «dé toda la información acerca del proceso de contratación para reparar la avería informática» y ha recordado que ya en el pleno de marzo pidió que se contratara «a la mejor empresa» para resolver esta exposición de los datos de los ayuntamientos y de la propia Diputación.
El socialista ha criticado la «actitud nada transparente del PP en este grave problema, con una actitud negligente». «A día de hoy, no sabemos el alcance real de la avería, el volumen de información perdida, las consecuencias que ha tenido para los ayuntamientos que reciben el servicio de la Diputación», ha sostenido.
En otro orden de cosas, el equipo de gobierno del PP llevará a aprobación el Plan Estratégico del Plan Verde del Guadalhorce, una iniciativa que pretende conectar el interior con el litoral a través de la ribera de este río y convertirlo en el «parque fluvial más grande de Europa», ha dicho el diputado de Medio Ambiente, Cristóbal Ortega.
Así, ha subrayado la importancia de esta iniciativa, ya en marcha, con la construcción de un puente en Álora, proyectos en Coín o Alhaurín el Grande y otros en tramitación en Alhaurín de la Torre, entre otros. Para la elaboración de este plan estratégico, ha incidido, se ha contado con otras administraciones y colectivos y se incluye «en la estrategia natural de infraestructuras verdes a través de restauración ecológica».
Un documento, ha agregado, en el que se viene trabajando desde hace dos años y que será «el marco jurídico que regulará todas las infraestructuras», que estarán integradas en el entorno natural y que fomentan la economía, la agricultura y la puesta en valor del territorio. «Creemos que es muy interesante y casi obligatorio. Esperamos que cuente con apoyo del resto de grupos», ha dicho.
OTRAS MOCIONES
El PP lleva como mociones ordinarias a esta sesión del mes de mayo una para que el Gobierno central recupere el número de trenes y horarios que ofrecía en trenes de media y larga distancia, entre ellos el AVE Málaga-Madrid; antes de la pandemia así como que abarate los precios de los trenes hasta que se establezca la oferta tras la liberalización.
El portavoz del PP en la Diputación, Francisco Oblaré, ha recordado que otros destinos turísticos como Barcelona o Valencia disponen desde hace más de un año de los servicios de AVLO, «que ponen a disposición del usuario billetes desde siete euros». «Esto coloca a nuestra provincia en una clara posición desfavorable que podríamos incluso catalogar de competencia desleal», ha apostillado.
También pedirán los ‘populares’, ha indicado el diputado Víctor González, que el Ejecutivo disponga una nueva moratoria para que los residentes en España que hayan obtenido su permiso de conducir en Reino Unido puedan realizar los trámites para poder circular por territorio nacional y que se le dé publicidad. Otros asuntos serán que el Gobierno realice un paquete de medidas para contratación de indefinidos e impulsar el empleo, especialmente el juvenil; y que ejecute, de manera urgente, el soterramiento del tren del puerto para la mejora de la eficiencia logística del puerto y la movilidad del eje del litoral.
Los socialistas, por su parte, han instado al gobierno provincial «a mejorar y dignificar las condiciones salariales y laborales de las trabajadoras y trabajadores del servicio de ayuda a domicilio» y también ha instado a la Junta de Andalucía a que ejecute de inmediato «las infraestructuras comprometidas y no ejecutadas en la provincia de Málaga durante la legislatura 2018-2022, priorizando las obras que lleven aparejadas la colocación de aulas prefabricadas o la creación de unidades para el curso escolar 2022/2023».
Por último, los socialistas también llevan al pleno una iniciativa solicitando a la Diputación que adelante económicamente a los ayuntamientos de la provincia la máxima cantidad posible correspondiente a la adquisición de los materiales para la ejecución de los proyectos del Plan de Fomento del Empleo Agrario (PFEA) de este ejercicio y de los futuros.
En el caso de Unidas Podemos, la coalición de izquierdas solicitará en el pleno de este miércoles medidas urgentes para «mejorar la calidad de la enseñanza en los centros públicos de Málaga y que se blinde la educación pública dotándola de los servicios y de las mejoras que merece».
La portavoz de la formación, Maribel González, ha advertido de la «supresión de líneas educativas ya que pone en peligro la sostenibilidad de la educación pública». «Avanzar en la reducción de la ratio en todos los centros educativos sostenidos con fondos públicos permitirá una distribución equilibrada del alumnado en toda la red de centros escolares y así mejorar todo el sistema educativo público andaluz», ha apuntado.
También ha aludido a los alumnos con necesidades especiales y que precisan de aulas específicas: «Nos encontramos el caso del Colegio La Milagrosa de Campillos donde, a familias y alumnado afectado, la Junta de Andalucía les ha negado provisionalmente el concierto educativo para una Unidad de Educación Básica Especial, y donde se han recogido 8.754 firmas, cifra que supera a toda la población de Campillos, en apoyo a estas familias», ha ahondado González.
Por su parte, la diputada Teresa Sánchez ha informado de que solicitarán en el pleno que la Junta de Andalucía impulse un plan de choque, dotado con al menos 800 millones de euros extraordinarios, «junto a la activación de otros fondos y recursos para los que ya se disponen recursos específicos, para hacer frente a las consecuencias sociales y económicas de la crisis derivada del conflicto bélico».
También pedirán que se refuerce el personal y servicios del Centro Provincial de Drogodependencias: «Los recortes presupuestarios en 2022 se han consumado en detrimento del personal, comprobamos la necesidad de personal médico, monitores, etcétera, para llevar a cabo los programas y servicios asegurando la atención en las condiciones que se merecen los y las usuarios/as de la provincia».
La coalición preguntará igualmente por la situación del convenio de colaboración entre la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial en lo referente a la atención a las personas gravemente afectadas del centro Virgen de la Esperanza que cumplió el 30 de abril.
