El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Estepona (Málaga) ha acordado dar un plazo de 60 días naturales para que los letrados que defienden a los acusados en el caso ‘Astapa’, contra la corrupción política y urbanística en dicha localidad malagueña, presenten escrito de defensa de cara al enjuiciamiento de esta causa, que se inició en 2007.
En 2018, el juzgado ya dio un plazo para presentar estos escritos, pero al no haberse notificado a todos los acusados y las sociedades investigadas ni el auto de apertura de juicio oral ni la acusación emitida por la Fiscalía malagueña, este plazo se suspendió y no es hasta ahora cuando se ha vuelto a dar tiempo a las defensas para que remitan sus escritos.
Por eso, la jueza dice en su providencia, consultada por Europa Press, que las partes que hayan presentado escrito de defensa «podrán presentar nuevo» y, en caso contrario, «se tendrá por presentado el que consta en los autos».
El letrado defensor José Carlos Aguilera ha lamentado que «a este paso, ‘Astapa’ será la causa más larga de nuestro proceso penal y donde las dilaciones indebidas sean las de mayor magnitud de la historia», apuntando que «pasarán años hasta se inicie el juicio en la Audiencia Provincial».
Así, ha detallado que las diligencias previas para la realización de averiguaciones se incoaron el 29 de marzo de 2007 y han pasado tres años desde que se dictó el auto de apertura de juicio oral, siendo en 2018 cuando el ministerio fiscal presentó su escrito de acusación, en concreto el 27 de junio.
El juzgado decretó la apertura de juicio oral contra 50 acusados en esta causa, entre ellos el exalcalde Antonio Barrientos, por los delitos de falsedad, fraude, malversación, cohecho, prevaricación y tráfico de influencias, para el que la Fiscalía Anticorrupción solicita diez años y nueve meses de prisión.
Además del exregidor, para el que además de prisión, el fiscal pide multa de un millón de euros e inhabilitación para empleo público por 38 años; están acusados otros cinco exresponsables municipales, entonces miembros del PSOE y del PES, que serían, según la acusación, los principales responsables; así como empresarios y funcionarios.
El fiscal apunta inicialmente a que cuando en junio de 2003 tomaron posesión de sus cargos «tuvieron que hacer frente a la desastrosa situación económica» en el municipio, pero «en vez de programar políticas de austeridad optaron por mantener e incluso aumentar un gasto público inasumible con los recursos presupuestarios».
«Para eludir cualquier mecanismo de control interno o externo optaron por financiar buena parte de ese gasto con la creación de una ‘Caja B’, procedimiento ya empleado en otros municipios de la Costa del Sol, que básicamente se nutriría de aportaciones de promotores y empresarios con intereses inmobiliarios», dice la Fiscalía en su escrito provisional.
Ese pago era «impuesto por vías de presión o mediante prácticas de desviación de poder auspiciadas por los gobernantes locales», considera el fiscal, añadiendo que las contribuciones «se tradujeron en donaciones directas al Ayuntamiento, en patrocinios de actividades deportivas y culturales, y también en asumir como gastos propios de las empresas deudas municipales».
Esto dio lugar «a manipulaciones en el objeto de facturas o a la emisión de otros documentos falaces», sostiene la acusación pública en sus conclusiones iniciales, en las que señala que determinados empresarios «solían aceptar estas presiones para no perjudicar oportunidades de negocio».
Por eso, en los años siguientes, supuestamente, «se normalizó una práctica irregular que supeditaba cualquier iniciativa relevante en materia urbanística a una previa negociación y acuerdo con la cúpula de uno u otro partido», de forma que se condicionaba la aprobación de los instrumentos de desarrollo y transformación del suelo y la tramitación de convenios e incluso licencias.
En la causa se han investigado convenios tanto de planeamiento como de aprovechamiento y se han detectado medidas relacionadas con el urbanismo, supuestamente llevadas a cabo por los principales acusados, «tendentes a beneficiar a ciertos empresarios a costa del interés público, buscando a cambio ventajas actuales o futuras para sus partidos o para ellos mismos», señala el fiscal.
