Las pesquisas, en las que colabora la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, se centran en tres contratos relacionados con la renovación de los sistemas de seguridad, señalización y comunicaciones ferroviarias, cuyo importe conjunto asciende a unos 136,4 millones de euros.
Entre las actuaciones investigadas figura la renovación del sistema de seguridad LZB y la implantación del ERTMS, así como la sustitución de 63 desvíos de la línea y la mejora de los circuitos de vía. Estos últimos permiten detectar la presencia de trenes en determinados tramos y forman parte de los mecanismos de control de la circulación.
Los agentes se han desplazado a las sedes de Adif, la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria y el Tribunal de Cuentas para recopilar documentación sobre estas adjudicaciones. La investigación también pone el foco en posibles deficiencias en los procedimientos de contratación. De hecho, el Tribunal de Cuentas ya había advertido en un informe de diciembre de 2025 de problemas en la gestión y el control de determinadas actuaciones financiadas con fondos europeos.
Esta es la segunda investigación que abre la Fiscalía Europea sobre posibles irregularidades en la utilización de fondos comunitarios destinados a la red ferroviaria española. La primera se inició en marzo de 2026 y estaba relacionada con las inversiones en la línea Madrid-Sevilla tras el accidente de Adamuz, ocurrido el 18 de enero y que dejó 46 fallecidos.
Por el momento, el organismo europeo no ha determinado si existieron irregularidades en los contratos ni si estas guardan relación con las causas del accidente de Urda. Las diligencias continúan abiertas.
