La diputada autonómica por el PP de Málaga Sandra Extremera ha pedido al Gobierno de España que refuerce la red eléctrica de la provincia, «actualmente agotada, al superar el 99 por ciento de ocupación, lo que mantiene bloqueada la construcción y entrega de más de 25.000 viviendas actualmente».
De este modo, ha señalado que «el Ejecutivo de Sánchez debe ejercer sus competencias y atajar este déficit energético, que está limitando el crecimiento de la provincia» y le ha instado a «seguir el ejemplo de la Junta», señalando su apuesta para agilizar la tramitación del proyecto que contempla una subestación eléctrica en Mijas, según ha concretado la formación en una nota.
Así, ha destacado que, tras la tramitación ambiental favorable del Gobierno andaluz, el Consistorio mijeño también ha otorgado la licencia de obra a este proyecto de Endesa, incluido en la Unidad Aceleradora de la Junta para incrementar la capacidad de la red y permitir nuevos suministros en la Costa del Sol.
«Esto se traduce no sólo en nuevos desarrollos urbanísticos, sino también en la capacidad de atraer inversiones y generar empleo para los malagueños», ha subrayado Extremera, quien ha precisado que Málaga se encuentra entre las provincias andaluzas con el cien por cien de sus subestaciones de distribución saturadas.
Por tanto, la diputada autonómica malagueña ha contrapuesto el compromiso del Ejecutivo andaluz de Juanma Moreno con la «parálisis total» impuesta por el Gobierno de Sánchez y le ha reprochado especialmente que «haya contribuido a agravar la crisis de vivienda, no sólo con una nefasta Ley estatal que ha contribuido a elevar los precios y reducir la oferta por la inseguridad jurídica generada en torno a la okupación, sino por su inacción en un ámbito esencial como el energético».
En suma, Extremera ha concluido diciendo que «el sectarismo del Ejecutivo socialista, que mantiene a Andalucía con un déficit estructural del 40 por ciento en su red de transporte eléctrico en comparación con la media de España, lo que en la práctica se traduce en el bloqueo de nuevos proyectos residenciales, la negativa de empresas a instalarse y la pérdida de empleo y oportunidades».
