El consejero en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha anunciado hoy que el Gobierno de Andalucía va a impulsar una ley específica sobre agresiones a profesionales del sistema sanitario. Será, ha asegurado Antonio Sanz, “la primera iniciativa parlamentaria que tramitaremos desde la Consejería cuando se inicie el periodo de sesiones”. “Nuestro objetivo es que permita una respuesta rápida, eficaz y de efecto disuasorio ante las agresiones a nuestros profesionales”, ha subrayado.
Tal y como ha detallado el consejero, que ha presidido hoy una nueva reunión del Pleno del Observatorio de Agresiones a las Personas Profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía, la Ley “recogerá un régimen sancionador específico orientado a la protección de los profesionales contemplando la agresión verbal (insultos, vejaciones), amenazas, coacciones, agresión física y agresiones a través de medios digitales o redes sociales”.
Estas sanciones, ha explicado Antonio Sanz, “se regularán en función de si hablamos de infracciones leves o graves y podrán alcanzar hasta los 60.000 euros”. Además, ha añadido, “se contemplarán medidas complementarias como la restricción o condicionamiento del acceso a centros sanitarios, el cambio de centro o profesional asignado al agresor o la coordinación con las medidas judiciales que pudieran adoptarse”.
El titular andaluz de Sanidad ha subrayado que esta ley supone “una demostración de nuestro claro compromiso de ser contundentes y de plantear una auténtica batalla frente a las agresiones a los profesionales del sistema sanitario público andaluz. Es lo que merecen nuestros profesionales para sentirse apoyados”.
Antonio Sanz ha recordado, además, que desde el Gobierno de Andalucía, en el marco del Plan de Prevención y Atención a las Agresiones, “venimos desarrollando diferentes acciones en diversos ámbitos relacionados con la formación de los profesionales ante las agresiones o acciones de comunicación y concienciación en los propios centros para informar a los usuarios”. También ha destacado la implantación de la figura del interlocutor sanitario, que realiza un seguimiento de la evolución de las agresiones en las diferentes provincias y la incorporación del profesional guía en todos los distritos, áreas de gestión sanitaria y hospitales para identificar las situaciones conflictivas, organizar actuaciones colectivas y ofrecer acompañamiento y apoyo a los trabajadores que sufren una agresión”.
En lo que se refiere a la atención a la víctima, el consejero en funciones ha recordado que “el profesional que sufre una agresión física o verbal recibe servicio de apoyo psicológico y de asistencia jurídica”. De hecho, en 2025 los letrados del SAS realizaron 195 asistencias letradas, de las que 33 han sido tipificadas como delito de atentado.
También se han reforzado los vigilantes de seguridad en aquellos centros más conflictivos. En lo que se refiere a dispositivos de seguridad, los centros sanitarios cuentan con más de 50.000 dispositivos de seguridad (cámaras, dispositivos de aviso en consultas y alarmas individuales). Para ello, ha destacado Antonio Sanz, “la inversión en materia de seguridad se ha incrementado en los últimos cinco años en un 60,7%. Hemos pasado de 37 millones en 2020 a cerca de 60 en 2025”.
Antonio Sanz ha puesto en valor también el refuerzo de la Unidad Sócrates (Servicio Operativo Contra las Reiteradas Agresiones a Trabajadores y Especialistas Sanitarios) gracias al reciente incremento de plantilla de la Policía Adscrita. Desde su puesta en marcha, ha detallado, “ha realizado ya 694 entrevistas con directores y responsables de centros sanitarios, así como contactos con vigilantes de seguridad, además de activar actuaciones preventivas ante situaciones de riesgo detectada”.
Estamos “ante una situación que nos preocupa y en la que venimos trabajando desde el Gobierno de Andalucía con contundencia y con medidas concretas”, ha asegurado al respecto Antonio Sanz.
Agresiones a profesionales del ámbito sanitario en 2025
Durante la reunión de hoy se han analizado también los datos sobre agresiones en 2025, cuando se registraron 1.976 agresiones a profesionales en Andalucía, 387 agresiones físicas y 1.589 no físicas. Datos, ha dicho Antonio Sanz, “que nos preocupan y que reflejan un problema que afecta a Andalucía y al conjunto de comunidades autónomas”. De hecho, en España fueron 18.563 agresiones durante 2025. La tasa de incidencia (notificaciones por cada 1.000 profesionales), ha explicado el consejero, es de 15,41 Andalucía, 9 puntos, por debajo de la tasa del Sistema Nacional de Salud, que es de 24,37.
En cuanto a las agresiones en Andalucía, el 74% se produjeron sobre mujeres y el 26% en hombres y se ha detectado un aumento de las agresiones cometidas por personas con patologías mentales o de deterioro cognitivo. Con respecto a las causas de la agresión, en Atención primaria, el 52% se refieren a demandas del usuario. En el ámbito hospitalario la causa más frecuente es también la demanda del usuario, con un 22%, seguida del desacuerdo con el trato del profesional, con un 21%.
Por su parte, en lo que se refiere al lugar donde se produce la agresión, el 33% de las agresiones en atención primaria se produce en la consulta médica, mientras que el 24% de las agresiones en el ámbito hospitalario tienen lugar en la habitación del paciente.
La provincia con más casos es Sevilla (569), seguida de Málaga (310), Cádiz (282), Granada (201), Almería (184), Córdoba (173), Jaén (162) y Huelva (95). (En todas las provincias se produce un aumento de agresiones con respecto a 2024, salvo en Cádiz, donde baja un 18% (282).
Trabajo del Observatorio de Agresiones
El Observatorio de Agresiones a las Personas Profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía se constituyó formalmente el pasado 5 de noviembre y en el que están representados tanto la Consejería como el SAS, Policía Nacional Adscrita a la Comunidad Andaluza, Guardia Civil y Policía Nacional, colegios profesionales y representantes sindicales.
En el Pleno de hoy se han definido los grupos de trabajo que se constituirán para valorar los datos, diseñar estrategias e implementar medidas concretas. Concretamente, se formarán cinco grupos: Jurídico y de Protección Institucional; Evaluación, Conocimiento e Inteligencia; Sensibilización, Participación Comunitaria y Cultura del Buen Trato; Formación, Investigación e Innovación; y Ámbitos Asistenciales y Colectivos Específicos.
